Los órganos de investigación del Servicio Federal de Impuestos "investigan" periódicamente a las empresas por evasión fiscal. Umbral para asumir responsabilidad penal – evasión de pagos por valor de > 3.405.000 grivnas.
¿De dónde surge el delito de evasión fiscal?
Luego de realizar una inspección por parte del órgano de control y elaborar un acta que refleje la lista de infracciones a la legislación tributaria. El problema es que la ley de inspección refleja únicamente la posición de los funcionarios fiscales, y la notificación-decisión fiscal basada en sus resultados puede ser anulada ante los tribunales. Pero los investigadores no esperan la decisión del tribunal e inician un proceso penal ya en presencia del hecho, ejerciendo una presión activa sobre la empresa.
¿Cómo defenderse en tales casos?
Necesario 1) apelar el PPR al tribunal y 2) adjuntar una decisión judicial positiva al expediente del caso. Un PPR cancelado por el tribunal ayudará a demostrar la inocencia en un caso penal. Si el tribunal administrativo confirma la exactitud de la contabilidad de las transacciones económicas, al tribunal que examinará el proceso penal le resultará fácil justificar la decisión de absolver a la persona.
Una situación de la vida.. El investigador remitió el caso a los tribunales sin esperar los resultados de la decisión del tribunal administrativo. Posteriormente, el director de la empresa adjuntó una decisión sobre la cancelación del PPR ya durante la consideración del caso en su contra. El tribunal lo absolvió porque el tribunal administrativo anuló el PPR y reconoció la posición de los funcionarios fiscales como ilegal, mientras que el fiscal intentó probar la culpabilidad de la persona precisamente sobre la base de la posición de los funcionarios fiscales (ver sentencia del Distrito de Kagarlytsky Juzgado de 12.12.2016, expediente No. 368/634/15-k).
Por tanto, la estrategia de defensa en los casos de evasión fiscal en virtud del artículo 212 del Código Penal de Ucrania debe pensarse de antemano. La defensa se llevará a cabo no sólo en un caso penal, sino que también dependerá de la decisión del tribunal administrativo.
